Trata de personas, un delito aberrante


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La línea telefónica gratuita 145, que fue habilitada para alertar sobre casos de trata de personas en todo el país, recibe un promedio de seis denuncias por día. Así lo señala el último informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), organismo creado para prestar asistencia a las fiscalías de todo el país en los trámites de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de personas.

 

Según el mismo documento, entre los años 2015 y 2017 la línea de ayuda 145 recibió 5238 reportes, la mayoría por explotación sexual. Cabe recordar que este servicio de atención telefónica recibe denuncias desde cualquier punto del país que alertan sobre la posible comisión de estos delitos. La línea es atendida por operadores del Programa Nacional de Rescate y funciona los 365 días del año, durante las 24 horas. Los llamados son atendidos un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales con formación en la temática de trata de personas, un flagelo que está extendido en todo el mundo ya que es el delito más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas, en el que las mujeres, niñas y niños son considerados y tratados como simples mercancías para el consumo, a través de las redes de trata que las someten a régimen de esclavitud y la explotación sexual.

La ciudadanía debe tomar conciencia de que la trata de personas es un delito y una violación a los derechos humanos ya que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. Los expertos en la lucha contra este grave problema advierten que detrás de estas actividades ilícitas siempre hay bandas del crimen organizado que atentan contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las víctimas. El circuito de la trata implica el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción de personas para fines de explotación sexual o laboral. De las estadísticas se desprende que las víctimas de este delito pueden ser niños, niñas, adolescentes y también personas adultas. En el año 2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.364 para prevenir y sancionar la trata de personas, y asistir a sus víctimas. Para lograr su cumplimiento, se creó el Programa Nacional de Rescate, que tiene a su cargo la asistencia psicológica, social, médica y jurídica de las víctimas de la trata de personas, desde el mismo momento que son rescatadas de sus lugares de explotación, hasta el momento en el que ofrecen declaración testimonial en la causa judicial.

En el año 2014 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica con las empresas Aerolíneas Argentinas y Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y con la Federación Argentina de Personal Aeronáutico para capacitar a sus trabajadores en materia de prevención, detección de delito y asistencia a las víctimas de trata de personas. El informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas al que aquí se hace referencia señala que del total de denuncias recibidas en el período abarcado por el trabajo, al menos 339 han expresado algún tipo de complicidad entre los presuntos autores del delito y un funcionario público. Se aclara que, por lo general, los denunciantes no suelen identificar a personas concretas, sino que utilizan expresiones genéricas tales como “la policía”, “determinada comisaría”, “la Municipalidad”, “los jueces”, “vínculos con la política”, “un policía de tal comisaría”, entre otras. En otros casos, sostiene el documento, la información recibida es de mejor calidad y proyecta una investigación con perspectivas de eficacia más altas. Por esta razón, los especialistas de la Procuraduría destacan la importancia que tiene el carácter anónimo de la denuncia como instrumento para que la connivencia funcional llegue a las instancias de investigación y sanción. En ese sentido, se remarca que la línea 145 es anónima, brinda seguridad a los denunciantes y es una herramienta que puede contribuir al incremento del número de procesamientos y sentencias que involucren a funcionarios policiales, judiciales, empleados municipales y cualquier otro miembro de organismos con capacidades de inspección, prevención, persecución y sanción que pueda estar involucrado en estos graves delitos.

La sociedad chaqueña debe tomar conciencia de la seriedad de este problema y de la importancia que tiene sumar el compromiso activo de todos los sectores para luchar contra este flagelo. También es necesario que la comunidad ayude a visibilizarlo, de modo tal que no pasen inadvertidas las penosas condiciones de vida que padecen las víctimas.

Fuente: Diario del Norte (Chaco)

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