Graves fallas en la lucha contra la trata de personas


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Si bien en la Argentina cada dos meses se dicta una sentencia en casos de trata de personas, el dato dista de poder ser considerado una victoria en la lucha contra este incalificable flagelo, pues aún es mucho lo que debemos hacer como sociedad y, especialmente, lo que tienen que hacer las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Por lo pronto, es indispensable que se ponga fin de una vez por todas a la connivencia de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad con ese delito aberrante, y se subsanen las enormes deficiencias judiciales y de coordinación entre las provincias. En este sentido, un reciente informe del Departamento de Estado de los EE.UU. criticó duramente la política del Gobierno en la materia y señaló que nuestro país es «fuente, destino y lugar de paso» de la trata de personas, al tiempo que registró un agravamiento del cuadro de la corrupción oficial vinculada con ese delito.

El gobierno argentino no cumple con los estándares elementales para la eliminación del tráfico de personas, advirtió el informe, para señalar luego con «seria preocupación» la corrupción oficial vinculada con la explotación y la «incapacidad del Gobierno» para separar y procesar a los funcionarios que permiten a sabiendas la existencia y ampliación de las redes de trata que esclavizan a quienes esos funcionarios deberían proteger.

No caben dudas de que ese punto es uno de los más graves. La connivencia de funcionarios con los delincuentes condena al más rotundo fracaso cualquier intento serio de combatir las redes de trata. Esta dura realidad pudo advertirse en el transcurso del juicio oral por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, víctima de una red de prostitución. Otra grave falla que registra esta lucha se advierte desde hace mucho tiempo en la falta de coordinación y de intercambio de información entre las jurisdicciones nacionales, tanto entre las provincias como entre las diferentes áreas judiciales y fuerzas policiales y de seguridad.

En un país de tan vastas dimensiones como el nuestro, con centenares de pasos fronterizos, poco podrá avanzarse hasta que no se pongan en marcha procedimientos y organismos coordinados y capacitados que permitan el rastreo de las personas desaparecidas y de los integrantes de las redes, pues es sabida la facilidad con que estos delincuentes se desplazan con sus víctimas de una provincia a otra e incluso hacia el exterior. Quien ha testimoniado sobre este grave y persistente déficit ha sido Federico Cash. Desde hace dos años busca con desesperación a su hija María, diseñadora de ropa que desapareció cuando viajaba en un ómnibus a San Salvador de Jujuy. Con un grupo de colaboradores y basado en su dolorosa experiencia, Cash ha elevado al Gobierno una serie de valiosas propuestas para subsanar varias de estas absurdas carencias.

El actual estado de cosas, lamentable y fiel espejo del escaso interés oficial por producir un cambio serio, es el que explica el aumento de las condenas. En tres años hubo 76 veredictos y se condenó a 122 acusados, mientras que hoy suman 511 las personas procesadas que aguardan el juicio oral, en tanto que las víctimas rescatadas son 4757. Por desgracia esas cifras sólo reflejan pálidamente la implacable extensión de este aberrante delito.

Como en tantos otros órdenes, mientras las autoridades no se decidan a actuar con decisión y coordinación, no habrá más remedio que considerarlas cómplices por omisión del delito de reducción a la esclavitud de miles y miles de víctimas.

Graves fallas en la lucha contra la trata de personas, Lunes 01 de julio de 2013 | Publicado en edición impresa Diario La Nación

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