Trabajadoras sexuales denuncian abusos por políticas anti trata


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Presentarán un informe de investigadoras del Conicet que muestra las vejaciones a las que son sometidas por parte de funcionarios porteños.

Un grupo de trabajadoras sexuales denunció en un informe titulado «Cómo las políticas antitrata criminalizan el trabajo sexual», elaborado por investigadoras del Conicet, diferentes abusos y delitos que sufren las prostitutas en el marco de las acciones contra la trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre algunos de los padecimientos a los que son sometidas cotidianamente están losallanamientos a domicilios particulares sin órdenes judiciales, robo de pertenencias, incautación de dinero, trato violento y hasta pedidos de coimas.

El informe será presentado este viernes a las 18 en la Legislatura por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar).

«Desde el año 2011 y con mayor fuerza desde el año 2013», el gobierno porteño a través de la Agencia Gubernamental del Control (AGC) comenzó a inspeccionar «los lugares en los que se ofrece sexo comercial» aplicando políticas que combinan «herramientas legales» con otras de «dudosa legalidad» como lo son las «inspecciones a domicilios particularesque no cuentan con ninguna habilitación comercial», explica el documento.

La AGC «comenzó a ingresar» a los departamentos privados que contaban o no con proxenetas, con al menos dos metodologías; una regular, y otra irregular que no cuenta con «orden judicial alguna» y utilizando estrategias «como concretar citas telefónicamente» y en algunos casos hasta «tomando servicios» sexuales. 

Una vez dentro, los inspectores suelen revelar que se trata de un «allanamiento» en busca de «trata de personas», permitiendo «el ingreso de la Policía Metropolitana» y «paradójicamente, en esos procedimientos irregulares y violatorios de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio» también se presentan «operadores de asistencia» pertenecientes a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, los que intentan dialogar con las posibles «víctimas».

En los procedimientos que se llevan adelante para el rescate de víctimas, las trabajadoras son tomadas como cautivas y la policía, sin  consulta, inicia una investigación y son consideradas«responsables comercialmente y sancionadas por los inspectores». 

El informe sostienen que todo esto sucede, «porque estas políticas con criterios tan distintos tienen que ver con la falta de regulación de los servicios sexuales que no estén dentro de los intercambios considerados legítimos por el Estado», explican las invesitgadoras que además revelan la existencia de pedidos de «coimas, de pago de cánones por parte de las fuerzas de seguridad» y de otros negociados como el mandar a aquellas mujeres que no tienen su situación migratoria regularizada a «un estudio jurídico que les cobra cinco mil pesos para realizar un trámite que es gratuito».

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