Revocan el procesamiento al indendente pampeano acusado de trata


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De acuerdo al expediente judicial, Luis Rogers habría firmado libretas sanitarias de mujeres explotadas en el prostíbulo “Good Night”, de la localidad de Loquimay. Ahora la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó su procesamiento porque “no posible sostener que ‘conocimiento’ y ’colaboración’ sean sinónimos”, según el fallo.

Como un lugar de “contención espiritual para transportistas, viajantes y jóvenes”, así definió, y defendió, públicamente Luis Rogers, el intendente de la localidad pampeana de Loquimay, a un prostíbulo de la zona denunciado por trata de personas. Él mismo fue procesado por ese delito junto al subcomisario de Lonquimay, Carlos Alanis, pero ahora la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó ambos procesamientos. En el caso del prostíbulo investigado ya hubo hasta una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El nombre de Rogers se volvió blanco de cuestionamientos cuando salió a la luz la investigación policial que buscaba demostrar si había trata de personas en el prostíbulo “Good Night”, ubicado en la ruta 5 en la entrada de Lonquimay, un pueblo de 1500 habitantes, a 60 kilómetros de Santa Rosa. Primero, el intendente se opuso públicamente a los allanamientos. Después llegaron las polémicas declaraciones a la prensa.

De acuerdo al expediente judicial al que entonces tuvo acceso Infojus Noticias, Rogers habría firmado libretas sanitarias de mujeres para “Good Night”, a quienes se les exigían exámenes ginecológicos para su obtención. La habilitación municipal del local era para “salón de bailes”. Ninguna autoridad pudo explicar por qué exigían este tipo de estudio para mujeres que, supuestamente, eran contratadas para servir copas en un salón de baile.

En aquella oportunidad, junto a Rogers y Alanis, la jueza federal subrogante, Iara Silvestre, procesó a los hermanos Eduardo Mauricio Fernández, Carlos Javier Fernández y a Brian Martín Saxs por su presunta participación en el acogimiento de mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad para explotarlas en el local, propiedad de Carlos Fernández. Silvestre también ordenó el embargo por 50 mil pesos sobre bienes o dinero de propiedad de Alanis, Rogers y Eduardo Mauricio Fernández.

El procesamiento de Rogers fue por el “delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por ser funcionario público y por ser cometido por tres personas en perjuicio de más de tres víctimas”, tal como explicó Silvestre en agosto pasado a esta agencia. “Rogers fue partícipe necesario porque a pesar de conocer lo que se hacía en el lugar no arbitró”, agregó entonces la magistrada. Infojus Noticias intentó comunicarse hoy con la magistrada quien, a través de su secretaria, se disculpó y explicó que por el momento no se va a referir a la decisión de la Cámara.

No fueron suficientes

El fallo de los camaristas bahienses Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti asegura que ni siquiera las “libretas sanitarias” de las “alternadoras” son pruebas suficientes para probar los vínculos con el poder político y policial.

Candisano Mera y Montezanti consideraron que las opiniones a los medios que dio Rogers “configuran la manifestación de un pensamiento que, más allá del desborde expresivo, no es relevante para la configuración del ilícito, en tanto no es punible en los términos del Código Penal 145 bis ­como pretende la jueza”. Y agregaron que “Rogers no hizo otra cosa que expresar ­con pésimo gusto y peor gramática­ lo que se lee en De Regno, que algunos atribuyen a Santo Tomás de Aquino y otros a Tolomeo de Lucca y es o ha sido compartido por buena parte de nuestra doctrina, sin reproche alguno hasta ahora, menos aún penal”, sostuvieron los magistrados. La traducción de esa cita sería: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.

Para la Cámara, “tampoco es posible sostener que ‘conocimiento’ y ’colaboración’ sean sinónimos. Y detallaron que “el ejercicio de la prostitución no implica el delito de trata ­al menos con la redacción anterior de la norma­. Así, la firma de las libretas sanitarias, que le permitió inferir ­conforme entiende la magistrada- ­que allí se ejercía la prostitución, no basta para afirmar su participación en las conductas que tipifica la norma, con cada una de las particularidades que prevé”.

Romper con el silencio

“No puede ser que dos camaristas revoquen así como así un procesamiento cuando hubo una investigación enorme detrás. Avalan el estado prostituyente”, dijo a Infojus Noticias Gloria Abate, una de las denunciantes en la causa.

“Yo llegué a vivir a Lonquimay y empecé a trabajar en la comisaría. Ahí me enteré de que la policía llevaba mujeres hasta ahí. Me avergonzaba estar en una comisaria con tamaño encubrimiento. La pareja de Alanís era la que regenteaba Good Night”, agregó Abate. “Las chicas que estaban en ese prostíbulo estaban en situaciones de esclavitud o semi esclavitud. Es una barbaridad lo que decidieron los camaristas, ahí había connivencia entre la política y la policía. Hay escuchas telefónicas que lo prueban”, agregó indignada.

La investigación comenzó hace más de cinco años a partir de distintas denuncias. Todas confluían en “Good Night”. En julio de 2009 el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, había pedido al juez fallecido, Pedro Zabala, la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del lugar. Lo investigaba por presuntas irregularidades en su local. Sospechaba que allí había mujeres víctimas de trata. Para sorpresa del policía, en las escuchas aparecieron dos nombres: el del subcomisario Alanis y el del intendente Rogers.

En septiembre de ese año, una joven santiagueña que había llegado a La Pampa por una oferta laboral, denunció que había estado secuestrada en allí. Había logrado irse del lugar después de pagar gastos de comida e higiene. A eso se sumó la declaración de Abate.

Después de estas tres denuncias, en octubre de ese año se hizo un allanamiento en el local nocturno. La policía encontró tres mujeres salteñas, víctimas de trata, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases”, como se nombra en la jerga al acto de pagar para tener relaciones sexuales. Fernández se quedaba con el 50% de la ganancia y las mujeres no podían salir del lugar ni disponer de la totalidad del dinero ganado. Una de ellas declaró que estando enferma no recibió asistencia ni medicamentos. “Vos tenés que hacer plata”, le respondió el dueño en esa oportunidad.

Neli Penzotti, viceintendenta de Lonquimay, también aportó información a la investigación. Según la mujer, Fernández mantenía un estrecho vínculo con el intendente de esa localidad. La funcionaria, además, relató que cuando se trató en el Concejo Deliberante la continuidad del funcionamiento de los prostíbulos en la ciudad, Fernández, dueño de “Good Night” estaba presente.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 5 de julio de 2011 se expidió sobre el tema y ordenó profundizar la responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes. En su dictamen el Máximo Tribunal citó a lo expresado, en ese momento, por el Procurador General de la nación, el intendente “no sólo defendió ante los medios periodísticos provinciales la existencia de éste tipo de locales nocturnos, sino que, en particular, se pronunció contra el eventual cierre de “Good Night”.

Fuente: Infojus

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