Falta el involucramiento de la sociedad en la denuncia de la trata


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Las organizaciones sociales que combaten el delito de la trata de personas junto a organismos públicos iniciaron el 6° Congreso Internacional de la RATT para dar cuenta de los avances y desafíos para enfrentar el flagelo. La procuradora María Alejandra Mángano precisó que en el país hay 350 procesamientos abiertos y 220 personas condenadas; y estimó que 1500 víctimas son rescatadas cada año.

 

20141121_placaBajo el lema «Tejiendo redes para mejorar la lucha contra la trata de personas» comenzó en la capital jujeña el 6º Congreso Internacional de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT) de Organizaciones que luchan contra esta problemática.

Con la presencia de representantes de organismos internacionales, nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales, la apertura del encuentro -que fue coordinado en la provincia por la Organización Civil “Juanita Moro”- estuvo a cargo de la presidenta de la RATT, Viviana Caminos, y por el defensor del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim, .

«Desde el 2009 que venimos haciendo estos encuentros que en principio se desarrollaron en Buenos Aires y después quisimos llevarlo a todo el país, sobre todo a las provincias donde tenemos victimas de trata, por lo que se hizo en Salta, Chaco y este año en Jujuy” indicó Caminos a Télam.

El objetivo del espacio es «las provincias puedan conocer el avance que existió desde que fue promulgada en 2008 la primera ley de trata, la 26.364, que luego se modificó en el año 2012 por la ley 26.842».

En ese sentido, Caminos remarcó el trabajo de diversos actores que impulsaron las leyes en vigencia y las políticas públicas, como “el de organizaciones sociales, el de Susana Trimarco, que puso el tema en la agenda política y mediática, además de un montón de organismos que trabajan en todo el país”.

La idea es que “durante estos dos días conozcamos el trabajo de las organizaciones sociales, de la RATT y experiencias provinciales donde existen trabajos en red de asistencia y rescate de víctimas, entre otros”.

Además, el eje está puesto en “visibilizar cuestiones como la trata laboral que hasta hace muy poco no aparecía en el imaginario social relacionado a hechos de trata”, ámbito en el cual se ha avanzado “gracias al trabajo de organismos como Renatea, AFIP y el Ministerio de Trabajo, que logran meterse en lugares donde no cualquiera puede meterse”.

Pese a los avances, hace falta “el involucramiento de una sociedad que denuncie” consideró, y agregó que “hoy tenemos la línea nacional 145 donde cualquier persona puede denunciar hasta de forma anónima, lo cual es un instrumento muy importante sobre todo para las provincias donde a veces el temor por las complicidades locales es muy fuerte”.

En esa línea, Haquim sostuvo que “no todos los derechos son conocidos por los habitantes” y que por ello este encuentro “es una forma de que se visibilicen”. El defensor consideró que si bien hay “muchos” resortes generados desde el estado Nacional y desde los estados provinciales que permiten solucionar casos de trata, el desafío es “incorporar personal capacitado que pueda dar contención y garantía de futuro a esas personas que por temor no denuncian situaciones”.

La titular de la organización Juanita Moro, Cristina Romano, resaltó que para las organizaciones es de vital importancia participar del congreso porque lo que se “pretende es llegar a toda la sociedad y que se tome conciencia que la trata es un flagelo que existe en nuestra provincia”.

“Como provincia de frontera, debemos tener el resguardo y las políticas públicas necesarios para prevenir la trata, sobre todo en la prostitución, que es un caso que debemos mirar y trabajar en hechos concretos”, explicó a Telam.

A su turno María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Nación (Protex) afirmó que esa institución “asiste a todos los fiscales federales en el tratamiento e investigación de delitos de trata”.

En ese sentido, detalló que «hasta la fecha en casos judicializados existen alrededor de 350 procesamientos y más de 100 sentencias, que incluyen 220 personas condenadas”. Además, estimó que “en el país hay más de 7000 víctimas rescatadas con un promedio de 1500 rescatadas por año aproximadamente”.

fuente: página12

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