En Corrientes, un ex fiscal federal, a punto de ir a juicio por favorecer a una red de trata que movió 20 millones de pesos.


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Para la Justicia, Benito Pont no sólo entorpecía las investigaciones sino que participaba de las ganancias económicas.

Durante años, en Paso de los Libres, Corrientes, funcionaron prostíbulos en los que fueron explotadas sexualmente mujeres, algunas menores de edad. Hubo denuncias que se omitieron, no se investigaron o se simuló que se hacía con falsos allanamientos que se avisaban con antelación. Luego se supo que dentro de la organización había hombres poderosos de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Ahora, los fiscales federales que investigaron todas las irregularidades piden que se eleve a juicio esta causa que tiene 17 procesados, entre los que están Benito Pont, que fue fiscal federal de Paso de los Libres, y su cuñado, José María Viero, comandante mayor de la Gendarmería y dueño de uno de los prostíbulos.

Aníbal Martínez, fiscal de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, Carlos Schaefer, fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y el Tribunal Oral Federal de Corrientes, y María Alejandra Mángano, Fiscal de la Procuración General de la Nación a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, acaban de pedirle a la jueza Cristina Pozzer Penso, a cargo del caso, que someta a juicio oral a estas personas, acusadas de formar parte de “una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de al menos once mujeres con fines de explotación sexual” en los locales “Roxi” o “Puro Movimiento” y “Hotel Momentos”, ubicados en la Ruta 117, kilómetros 8.5 y 7.5, de la localidad de Paso de los Libres.

Según la acusación, los hechos se dieron de manera ininterrumpida al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del 2016, y luego, con clausuras de por medio, hasta el 16 de mayo de 2016.

Para los fiscales, la organización “aseguró su impunidad ante la justicia federal de Paso de los Libres por la influencia” del entonces Fiscal Federal de la jurisdicción, Benito Antonio Pont, y de José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad por su alto rango en la Gendarmería Nacional Argentina –Comandante Mayor Retirado- e influencia política por los destinos de gran relevancia en los que trabajó, como la Dirección de Inteligencia de esa fuerza o la casa de gobierno nacional como custodio presidencial.

“El aporte de Pont y de Viero, quien además era cuñado del primero, se tradujo también en facilitar los medios para continuar con la ostensible explotación sexual de un sinnúmero de mujeres en el ‘Hotel Momentos’ y en el prostíbulo ‘Roxi’, no obstante las reiteradas denuncias que recaían en la justicia federal, las que eran abordadas de manera irregular, determinando su ineficacia para hacer cesar el delito. Como ejemplo, de acuerdo a las numerosas denuncias, los contactos de los imputados en el sistema judicial avisaban con antelación cada allanamiento a practicarse en los locales, de manera tal que le diera a los administradores un margen suficiente para, cuanto menos, no dejar dentro de los prostíbulos a las menores de edad que eran prostituidas allí y eliminar evidencia”, se lee en la causa.

Así, lo que se pide es que Benito Antonio Pont sea imputado no sólo por “haber formado parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de mujeres” sino también por no haberse excusado de intervenir en al menos cinco expedientes de causas relacionadas por temas de lavado de dinero y por “haber retardado deliberadamente las investigaciones bajo su instrucción que tuvieron por objeto los prostíbulos explotados por esta organización criminal pese a las pruebas que apremiaban la adopción de medidas de corte jurisdiccional urgentes, por haber investigado deficientemente para así eludir que fuera develada la identidad de los responsables de mayor jerarquía de los locales… Todo ello, tendiente a eludir su obligación de promover la actuación de justicia en la órbita de sus funciones y con el propósito último de asegurar la impunidad de todos los integrantes de la organización criminal”.

Además, Pont está imputado por “encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

El resto de los procesados son personas bien posicionadas en la sociedad de Paso de los Libres. La mayoría, de tres familias que administraron durante años bares y hoteles en esa ciudad de frontera. Según se lee en la causa “como mínimo, los imputados obtuvieron una ganancia ilícita que asciende a un total de $ 20.614.315”.

En este sentido, los fiscales piden que “se ordenen las reparaciones e indemnizaciones económicas que corresponderían a las víctimas”. En el escrito hay declaraciones testimoniales de mujeres explotadas, todas en extrema situación de vulnerabilidad (pobres, con hijos a cargo, sostenes de hogar, bajo nivel de instrucción), que detallaron golpes, maltratos, multas y amenazas. Y contaron sobre hombres uniformados que iban a los prostíbulos a exigirles sexo, médicos que sabían de sus golpes y abortos, abogados que las amenazaban y empleados judiciales que les hacían firmar declaraciones ya armadas.

Al ser imputado en 2016, Pont presentó su renuncia, pero el año pasado apeló y pidió que apartaran a la jueza del caso. Todo le fue rechazado. En abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes -formada por el juez José Luis Aguilar y las juezas Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mirta Sotelo de Andreau- confirmó su procesamiento por “trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres”. Entonces Pont también fue procesado por “encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

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