En corrientes, condenaron a una familia por trata


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R.M. y su prima V.L. tenían 18 y 20 años cuando Ricardo “Cano” López Atrio las fue a buscar hasta Colonia Wanda, un poblado de poco más de 10.000 habitantes recortado entre la selva y el río Paraná, en Misiones. Las llevó a Corrientes y durante casi un año las obligó  trabajar para él en los prostíbulos que tenía en las localidades de La Cruz y Mercedes. Este mediodía, López Atrio; su pareja, Elisabel de Ávila, y Ana López Bravo, una hija de la mujer, fueron condenados por el delito de trata de personas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes consideró que tenían pruebas para condenar a López Atrio a cuatro años y seis meses de cárcel. Y a las mujeres a tres años de prisión en suspenso, con la obligación de “realizar trabajos comunitarios no remunerados una vez por mes”, mientras dure la condena. El 29 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo.

Esta causa se inició en 2009, meses después que R.M. y V.L. lograran escapar e hicieran la denuncia en una comisaría. Entonces contaron que una mujer llamada Rocío les ofreció contactarlas para trabajar en los prostíbulos de “El Cano”; pero nunca les aclaró que tendrían que darle a él la plata por “los pases” de 50 pesos que pagaban los hombres dispuestos a usar sus cuerpos. Ni que tenían que darle al proxeneta una comisión de 6 pesos de los 16 que pagaban esos hombres por tomar algo con ellas.

Después de viajar unos 500 kilómetros de Misiones a Corrientes, cuando llegaron López Atrio les dijo que tenían una deuda con él por el traslado. Y después esa deuda siguió creciendo, les cobraban la ropa, la comida y los medicamentos, si se tenían que atender con un médico y una multa de 50 pesos si no querían tener relaciones sexuales con alguno de los hombres que frecuentaban los prostíbulos.

La investigación se inició en 2009, cuando las primas lograron escapar e hicieron la denuncia. Durante la instrucción declararon dos veces, una en la comisaría y otra ante el fiscal que llevó la investigación. Durante el juicio oral el fiscal Carlos Schaeffer pidió que no las volvieran a llamar para evitar la re victimización. En el expediente “había suficientes pruebas, libros de pases con debe y haber donde figuraban los nombres de las chicas, preservativos y escuchas telefónicas donde queda claro el rol que cumplía cada uno de los acusados”

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