Día Internacional contra la Trata de Personas: ¿El Estado asiste a las víctimas de explotación sexual?


Print Friendly, PDF & Email

La modalidad más frecuente para la captación es a través de falsas promesas de trabajo. El fondo fiduciario de reparación no está activo.

“Agradezco todos los días a Dios que aún no mataron a mis hijos”, “el Estado es proxeneta”, “pensar que pueden salir de la cárcel para callarme me da miedo”. Las mujeres víctimas de trata no silencian más sus palabras. Por eso exigen que el Estado las asista y proteja.

Hay víctimas de este delito en todo el país. Algunas pudieron escapar, a otras las encontraron, pero todavía mujeres, niñas y niños siguen bajo las redes de tratantes.

Cada 23 de septiembre se conmemora Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el delito transnacional más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas.

Pese a que Argentina cuenta con una ley -26.842-, organismos y programas especiales para asistir a las víctimas, las sobrevivientes denuncian que siguen desprotegidas. “Demandamos trabajo y vivienda para 800 mujeres que tienen sentencia firme por haber sido víctimas de trata”, explica a Clarin la activista Alika Kinan Sánchez.

Su historia atravesó las fronteras por ser sobreviviente de una red de trata de personas en Tierra del Fuego y convertirse en la primera querellante contra sus proxenetas y el Estado argentino. En 2017 recibió el Premio “Heroína” en Estados Unidos por su lucha contra este delito.

Qué derechos tienen las víctimas
La ley de trata y explotación de personas establece que el Estado nacional debe garantizar determinados derechos a dichas víctimas, como asistencia psicológica y médica gratuitas; alojamiento, manutención, alimentos y elementos de higiene personal.

También debe brindar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de trabajo; ayuda para reinsertarse en el sistema educativo y asesoramiento legal y protección ante cualquier represalia.

Darle la seguridad a la víctima que estará a salvo ella y su familia es tarea del Estado. Sin embargo, Brenda Soledad Velázquez -de la causa Rio Cabañas-, Pato, la “Turca” -de la causa Stavros- Kinan y Margarita Meira -fundadora de Madres Víctimas de Trata- coinciden en que el Programa Nacional de Protección de Testigos y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata no logran cuidar, asistir y proteger a las víctimas.

“El Programa Nacional de Rescate no funciona bien. Supuestamente me iban a dar acompañamiento psicológico, pero fui cuatro veces y después quedó en la nada porque eran inconstantes los turnos y no me volvían a llamar”, explica la “Turca”.

Y agrega: “Después averigüé si me podían ayudar en la PROTEX y en la Fundación Alameda, pero terminé quedando sola. Y la única que estuvo realmente conmigo fue Alika, la contacté por Instagram y brindó ayuda a través de su fundación: económica, legal y psicológica”.

La experiencia de Pato es mala también. “El Estado no me da nada, de hecho, fui maltratada y humillada por la parte del Programa de Protección a Testigos. Renuncié al programa porque me hacían firmar dinero que no recibía”, sostiene.

Hace hincapié en que el programa “no garantiza los derechos, hay falta de profesionalismo y empatía, debería haber más humanidad para con el trato hacia una víctima. Lo que el Estado te brinda es revictimización constante, maltrato y abandono”.

«No me cuidaban los de Protección a Testigos”, asegura Brenda. El desamparo tuvo consecuencias: “Una vez me prendieron fuego y cortaron el cuerpo, y lo denuncié al 145. Sin embargo, al poco tiempo los del Programa a Testigos quisieron que terminara el programa porque consideraban que no estaba en peligro, pero seguía en peligro y puse que no estaba conforme”, recuerda. Al indicar su disconformidad le exigieron que firmara un nuevo documento con su conformidad total, pero escapó del lugar.

Brenda dice que sus proxenetas la siguen incluso cuando está con sus hijos: “Hace un mes me quisieron secuestrar de nuevo”. Está dentro del Programa de Trata de la Provincia de Buenos Aires, pero “no da la seguridad que necesito”. “Vivo con miedo todos los días. Tuve problemas porque estuve en casa tres meses sin salir y mis hijos no iban al colegio”, cuenta.

“La ley de trata en Argentina es muy buena, pero nada de lo que establece se cumple. Y si no tenemos un paquete de leyes que sostengan y que acompañen a la víctima es lo mismo que no tener ley de trata”, explica Alika.

“Tuvimos que alquilar lugares para alojar a las víctimas porque el Estado no tiene. Lo que tiene es una pieza y una cama junto con las víctimas de violencia de género. Y no es lo mismo una víctima de trata que de violencia de género”, dice Margarita.

La situación en los lugares de asilo estatales es compleja, según Margarita: “Cuando las víctimas de trata van a esos refugios, las mujeres les dicen: ´Acá no te queremos porque vos sos una puta y estás infectada´”.

Fondo de asistencia
Con la modificación de la ley 26.364 en 2012 (a través de la ley 26.842) se dispuso que un fondo de asistencia directa sea para las víctimas y que sea administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Recién en 2019 se creó el fondo fiduciario público de asistencia directa a víctimas de trata (ley 27.508 y su reglamentación Decreto 844/19). Está integrado por los bienes decomisados en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas, y lavado de activos.

Margarita sostiene que “hay muchísimos edificios y bares allanados por trata que deberían ser vendidos para indemnizar” a las víctimas. “Que yo sepa ninguna de las víctimas recibió dinero del fondo y todas las chicas que están sufriendo, son asistidas por nosotros con psicólogos, psiquiatras, con comida… porque se rescata a la piba con lo puesto, no vemos un solo peso”.

La ley del fondo indica que el Poder Ejecutivo nacional tiene que implementar un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, para dar publicidad a los bienes que ingresen al fondo. También deben publicarse todas las decisiones, auditorías e informes que se hagan en el marco de dicha ley.

Otra particularidad que tiene el fondo es que al dictarse la reglamentación de la ley el fiduciario del fondo es el BICE FIDEICOMISOS S.A. (anteriormente denominada Nación Fideicomisos S.A.). En su página web comunica que tiene “un rol protagónico en la ejecución de las principales obras de infraestructura del país” y es que “un banco de inversión y comercio exterior”.

También dice que “administra una cartera de fideicomisos que asciende a $ 360.980 millones; opera en el sector energético, en el desarrollo de viviendas, en el sector de transporte; y contribuye al financiamiento en el sector turismo, consumo y servicios”.

La gran demanda: trabajo
No hay un cupo laboral para víctimas de trata, no hay vivienda digna para ellas, ni asistencia psicológica adecuada -asegura Kinan-. ¿Cómo puede ser que a más de 10 años de la sanción de la ley de trata aún no estén creadas las políticas públicas que brinden asistencia y contención a las víctimas? Nosotras tenemos problemas físicos, estrés postraumático, algunas están con tratamiento psiquiátrico, terrores nocturnos, enfermedades como HIV/SIDA, hay una bolsa de patologías que hay que atender que son producto de la explotación sexual y el Estado no las aplica, no escucha a las víctimas”.

Las quejas de la falta de asistencia también apuntan contra Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas.

Vera explica que este jueves, el Ministerio de Trabajo lanza el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”. Se realiza en cumplimiento de lo previsto en el Plan nacional contra la trata y explotación de personas 2020-2022.

“El Programa fue elaborado en el plan bienal, votado en el Consejo Federal en diciembre, publicado en el Boletín Oficial en julio y esta semana comienza a instrumentarse con varias decenas de víctimas del delito de trata de varias provincias”, explica Vera.

El Programa está dirigido a personas mayores de 18 años que no posean un empleo formal y que hayan sido relevadas, detectadas, rescatadas o asistidas como víctimas o posibles víctimas de situaciones de trata o de explotación de personas por un organismo público o una ONG. Las personas inscriptas cobrarán una remuneración no inferior al salario mínimo vital y móvil.

La primera etapa se ejecutará a través de un «Proyecto Piloto» para 25 personas, articuladamente con ONGs con competencia en la materia y con la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

“El Programa dura un año con el compromiso del Ministerio de Trabajo de facilitar la inclusión laboral”, enfatiza el funcionario. A su vez, explica que “no es el único Programa, está también Acompañar del Ministerio de Mujeres, el subsidio de protección laboral de RENATRE en los casos de explotación rural, el Potenciar Trabajo y los paquetes de ayuda urgente de parte de SENAF”.

Víctimas rescatadas y causas judiciales
Desde la sanción de la ley 26.364 -en el 2008- hasta el 31 de agosto del 2021, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, rescató y asistió a 16.863 víctimas.

Desde 2012 hasta el 31 de agosto de este año se atendió un total de 18.984 denuncias en la Línea 145; y durante los primeros ocho meses del año se recibieron 1.135 denuncias y se brindaron 1.012 orientaciones.

La mayoría de las denuncias la línea -en total 512- fueron por explotación sexual, según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

Este año (del 1 de enero al 31 de agosto), el Programa rescató y asistió 956 víctimas. Mientras que, a nivel judicial, en base a las estadísticas de la PROTEX, durante 2021 -hasta el 20 de septiembre- hubo nueve sentencias, cuatro de ellas por explotación sexual.

Recomendaciones para evitar ser víctima de trata
La modalidad más frecuente en Argentina para explotar sexualmente a otras personas es a través de falsas promesas de trabajo. Por eso, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento recomienda controlar el nombre y la dirección de las empresas que realizan las convocatorias laborales.

También aconseja desconfiar de anuncios en los que se ofrecen trabajos muy atractivos, que no requieren experiencia previa y/o estudios. Siempre es importante ir acompañado a las entrevistas o compartirle a una persona de confianza los datos del lugar a donde es la entrevista.

Hay que prestar atención a si preguntan sobre cuestiones afectivas y familiares, piden fotos inadecuadas para el puesto ofrecido y ofertan tentadores salarios que no se condicen con la tarea.

Otra alarma es si preguntan sobre la disponibilidad para viajar en forma inmediata y sobre la tenencia de documentos para viajar -en caso de no poseer ofrecen tramitarlos rápidamente-. A su vez, es importante observar si las entrevistas no se hacen en las oficinas de las empresas o consultoras.

Para denunciar la desaparición de una persona, prostíbulos encubiertos, avisos de prostitución y reducción a servidumbre o trabajo forzado, o pedir asistencia, llamar al 145. La línea es nacional, gratuita y está habilitada las 24 horas.

El Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas asesora, responde consultas y brinda información las 24 horas por Whatsapp al (54–11) 65460580.

Fuente: Clarin

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.